Denuncia un ambiente autoritario en la democracia ecuatoriana, impulsado desde el gobierno de Daniel Noboa, que persigue a opositores, medios y organizaciones, en un contexto de alta polarización

La Plataforma internacional por los Derechos Humanos, instancia de coordinación integrada por organizaciones de la sociedad civil, de varios países de América, Europa y África, denuncia un ambiente autoritario en la democracia ecuatoriana, impulsado desde el gobierno de Daniel Noboa, que persigue a opositores, medios y organizaciones, en un contexto de alta polarización política y restricciones a la libertad de expresión y participación, como ha sido alertado por organizaciones locales de derechos humanos y por la comunidad internacional.

Este sesgo autoritario se manifiesta en las acusaciones expresadas públicamente por el propio presidente de la República contra organizaciones políticas de oposición, como Revolución Ciudadana, y contra voces críticas como la del Alcalde de Guayaquil, recientemente allanado y apresado en un operativo conjunto de la Fiscalía y Policía, para investigar una denuncia reservada sobre presuntos delitos.

El gobierno también ha descalificado a organizaciones sociales y medios de comunicación críticos, promoviendo un clima autoritario y de persecución, incluidos los instructivos de procedimientos de la fuerza pública, que impiden o restringen el acceso a información pública, en clara contraposición con principios democráticos.

La más reciente de estas acciones intimidatorios del Estado contra organizaciones democráticas opositoras, es el allanamiento de la sede provincial de Pichincha, del movimiento político Revolución Ciudadana, que presenta como justificación las investigaciones judiciales contra esa organización, por presunto financiamiento ilícito desde Venezuela. Este episodio tiene como antecedente que, a finales de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Ecuador ejecutó allanamientos en las viviendas de líderes de esa agrupación política, incluyendo a la excandidata presidencial Luisa González y al ex aspirante Andrés Arauz. 

Esa estrategia de judicialización y criminalización de la acción política se coordina con la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, que en enero de 2026 inició un proceso de fiscalización alegando que los supuestos vínculos financieros de esa agrupación con el régimen venezolano, comprometen la seguridad nacional.

De forma paralela a la vía penal, legislativa y mediática, existe un frente electoral, en el cual, el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo muy vinculado con el ejecutivo, ha presentado denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, por supuestas irregularidades en las cuentas de campaña del binomio de la Revolución Ciudadana en 2023.

Bajo el marco del Código de la Democracia, que rige la vida política en el Ecuador, este tipo de demandas interpuestas ante el Tribunal Contencioso Electoral, buscan sanciones que pueden incluir la suspensión de los derechos políticos de sus dirigentes, y en casos extremos, la cancelación de la personería jurídica de la organización política.

Otro frente de conflicto legal desde el campo electoral, ha sido la impugnación de la democracia interna de esa organización, y en el caso más reciente, la acción policial para impedir por la fuerza la reunión de la reciente Convención Nacional de esa organización política. 

Estas acciones son interpretadas en la opinión pública como parte de una estrategia del gobierno actual para mermar el capital político de la oposición e inhabilitar a las organizaciones y a sus principales cuadros políticos, de cara a futuros procesos electorales, como ya ocurrió en las elecciones del 2023, en el que se descalificó al candidato Jan Topic, principal contendiente de la tendencia del entonces candidato, Daniel Noboa.

Nuestra Plataforma hace un llamado al gobierno ecuatoriano para establecer un clima democrático de respeto a las fuerzas sociales, políticas y medios de comunicación que critican sus políticas y evitar el uso de subterfugios legales y de la institucionalidad del Estado para perseguir y silenciar los disensos sociales, que vulneran los derechos humanos y el pluralismo político. 

PLATAFORMA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS

1° Marzo de 2026.-